Una sentencia declara la gran invalidez de un trabajador a pesar de su negativa a operarse

Una sentencia declara la gran invalidez de un trabajador a pesar de su negativa a operarse

El Tribunal Supremo desvincula el derecho a la prestación con la supuesta mejora que pudiera generar la intervención quirúrgica.

Un trabajador recibe la gran invalidez reconocida por el Tribunal Supremo. La gran invalidez se considera la incapacidad que requiere la asistencia de otra persona para los actos más esenciales, como desplazarse, vestirse o comer. Las causas de dicho reconocimiento se deben a las dolencias probadas en los autos. Sin tener en cuenta la mejoría que pudiera provenir de una eventual operación. El texto declara que el derecho a la integridad física y moral resultaría afectado si se impusiera a una persona asistencia médica en contra de su voluntad.

El trabajador, que ejerce de jefe de almacén agrícola, vio denegada la incapacidad permanente a finales de 2017, al no ser las lesiones susceptibles de determinación objetiva o previsiblemente definitivas, según un informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). El informe reflejó que se detectó una hipermetropía en el ojo izquierdo y una catarata en evolución en el derecho.

En julio de 2018 se realizó el informe de Valoración Médica. En este informe se reflejó una pérdida progresiva de visión que justificaba la incapacidad permanente absoluta. Declarada finalmente por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Álava. El documento describió la práctica de diferentes tratamientos quirúrgicos. Algunos de estos fueron: una cirugía refractiva mediante láser, un tratamiento para solventar un desprendimiento de retina y una cirugía de catarata. Es decir, quedó probado que con el sometimiento del paciente a diversas intervenciones su situación clínica mejoraría.

Empeoramiento de su situación

Con el paso del tiempo, el paciente empeoró su situación. Llegó a tener dificultades para salir a la calle en solitario, leer o ver la televisión, entre otros quehaceres. La cuestión litigiosa surge en ese momento. En una revisión periódica refiere “no operarse de la catarata porque no le aseguran que vaya a recuperar la visión. En contraposición con lo que queda reflejado en su historia clínica, en la que se menciona que no quiere operarse”.

El Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Ávila reconoció al demandante un 76% de discapacidad. Teniendo en cuenta las valoraciones periciales practicadas, el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria también estimó las pretensiones del lesionado a finales de 2018. Revocando la resolución administrativa anterior y reconociendo el grado de gran invalidez, con derecho a percibir un complemento cercano a los 1.100 euros.

Por otra parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social interpusieron recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En abril de 2019 revocó la resolución de instancia. Entendiendo que el beneficiario debería mantener el grado de incapacidad permanente absoluta y no la gran invalidez.

Seguidamente, el trabajador recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo para revertir la situación y lograr el grado de incapacidad que, según su criterio, era más adecuado.

Derechos del paciente

La sentencia del Alto Tribunal valora en primer lugar, las circunstancias estrictamente médicas. Los magistrados se basan en la jurisprudencia relativa a estas enfermedades para concluir que la disminución objetiva y grave de la capacidad del trabajador era incuestionable. Especialmente teniendo en cuenta que había obedecido todos los tratamientos prescritos.

La cuestión más delicada se refería al ojo derecho del paciente, pues su valoración médica se calificó como “provisional” por la posibilidad de otra intervención que, como se ha expresado, el interesado rechazó.

Los juzgados analizan la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la integridad personal. Este derecho “conlleva una facultad negativa, que implica la imposición de un deber de abstención de actuaciones médicas. Salvo que se encuentren constitucionalmente justificadas y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica”.

El fallo proclama que el derecho a la integridad física y moral resultaría afectado si se impusiera a una persona asistencia médica en contra de su voluntad. Por consiguiente, una intervención médica coactiva constituiría una limitación vulneradora de sus derechos fundamentales. Además, la recuperación del afectado con una eventual operación no se produciría con seguridad. El resultado deficiente de las intervenciones sufridas con anterioridad por el recurrente lo avalan.

En definitiva, el Supremo reconoce al trabajador el grado de gran invalidez, debido exclusivamente a la gravedad de las reducciones anatómicas y funcionales probadas en juicio. 

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Fuente: Cinco Días – El País

 

 

 

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